INTRANT y su director presentan querella penal por soborno y lavado contra empresa Dekolor
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña, por su presunta vinculación en una serie de hechos delictivos relacionados con corrupción administrativa.
La querella fue depositada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y en ella se detallan acusaciones de soborno, lavado de activos, estafa al Estado, asociación de malhechores y extorsión electrónica. De acuerdo con el expediente, se habrían ofrecido sobornos que alcanzan hasta un millón de dólares y pagos mensuales de RD$3,000,000.00 a funcionarios del INTRANT con el propósito de obtener una prórroga ilegal de un contrato vencido.
El contrato en cuestión fue adjudicado en enero de 2020 por un periodo de cinco años y confería a Dekolor la operación del sistema de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el territorio nacional. Dicho acuerdo contemplaba la administración de 21 centros de atención, así como la provisión de personal, equipos y tecnología para operar el sistema. Sin embargo, el documento fue modificado en tres ocasiones mediante adendas que no contaron con la aprobación del Consejo del INTRANT.
Según la querella, la empresa habría intentado ejercer presión institucional y personal sobre la actual gestión para continuar con el contrato sin someterse a un nuevo proceso de licitación. Los representantes de Dekolor también habrían entregado dinero en efectivo a personal del instituto, como parte de un esquema de sobornos.
La denuncia está sustentada en informes técnicos internos, auditorías de la Contraloría General de la República, documentos oficiales y testimonios de empleados y exfuncionarios. Además, señala que podrían existir otros actores involucrados cuya participación deberá ser investigada por el Ministerio Público.
Este tipo de acción penal, promovida directamente por una institución pública y su titular, es poco común en la práctica judicial dominicana y representa un precedente relevante en la lucha contra la corrupción administrativa. Tradicionalmente, estos casos han sido impulsados exclusivamente por el Ministerio Público, por lo que la decisión del INTRANT de constituirse en querellante marca una excepción significativa en el historial institucional del país.
